Caja de cristal

Esta semana el Presidente de México Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Transparencia, la cual calificó, como el primer pasó para tener un gobierno abierto. Sin embargo, efectivamente hablamos de un primer paso, pues ésta no debe ser vista como una conquista, sino como apenas un marco que deberá llevarnos a la implementación de políticas y de prácticas encaminadas a transparentar la actuación de quienes nos gobiernan o nos representan.

Por principio parece un tanto irónico que tengamos que poner cada vez más candados para frenar las malas actuaciones de quienes nos gobiernan, pero además que tengamos que estar forzando a la transparencia a quienes nos representan, cuando  como ciudadanos esperaríamos que la rendición de cuentas se diera por convicción y no por obligación.

Aun así, de esta nueva ley, podemos destacar varios aspectos, el primero de ellos y un avance fundamental, que convierte a los sindicatos en sujetos obligados a transparentar su información financiera, los convenios y acuerdos logrados con el patrón, el patrimonio del sindicato y en general, lo relacionado con su labor de representación.

Otro aspecto importante es que obliga a los legisladores a dar detalles del dinero público que reciben por concepto de bonos, ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones, es decir que termina con las famosas partidas discrecionales y el reparto de dinero público en los "oscurito" por parte de los Diputados y Senadores, aunque no termina en sí, con el reparto.

Esta nueva Ley da, además, mayores atribuciones a los órganos garantes de la transparencia y contempla sanciones para quienes no cumplan con lo establecido en la misma.

La norma marca 15 causas de sanción, entre ellas, no responder a solicitudes de información en los plazos señalados, ocultar, alterar, mutilar o destruir sin causa la información que tengan bajo su custodia los sujetos obligados.

También, entregar información incompleta o en formato no accesible, o intimidar a los solicitantes de información, serán motivos de castigo.

Las multas van de los 250 a los 1,500 días de salario mínimo según sea el caso.

Se aplicará multa adicional de hasta 50 días de salario mínimo por día, a quien reincida.

El avance normativo es innegable, pero con toda ley viene el reto de llevarla a la práctica, hacerla cumplir y complementarla de tal manera que realmente sea una herramienta de transformación.

Con todas las historias de corrupción y malos manejos que se escriben en la función pública en nuestro país, una legislación de este tipo resultaba impostergable, esperemos que dé buenos frutos.