Esta
semana se desató el escándalo cuando se dio a conocer que el ahora Diputado
Local, Alfonso Díaz de León, quien aspira a convertirse en diputado federal, no
pudo acreditar sus "no antecedentes penales", pues muy oportunamente
salió a la luz un proceso judicial, con todo y orden de aprehensión en su
contra.
No
sólo llama la atención que justo ahora se conozca esta información, también
extraña que ésta situación no sea argumento para frenar sus aspiraciones a una
diputación federal, pues la carta de no antecedentes penales no es un requisito
para obtener un registro como candidato a una diputación federal.
Resulta
increíble que en este país para conseguir cualquier empleo se requiera
acreditar los no antecedentes penales y que para una gran responsabilidad, como
lo es representar a los mexicanos en el Congreso de la Unión no sea considerado
necesario.
El
argumento legal es simple y está basado en defender los derechos políticos de
los ciudadanos, su derecho pues, de ser votado. Sin embargo el sustento legal
no le da la solvencia moral.
Y
no me refiero sólo a este caso, que he tomado como botón de muestra, esta
premisa aplica en varios de los casos que hoy tenemos en medio de la contienda
electoral.
Los
ciudadanos desearíamos encontrar en la lista de candidatos a los diferentes
cargos de elección popular a personas honestas, comprometidas con San Luis, con
trayectorias intachables, con honorabilidad probada, con proyectos de gobierno
claros y con las mínimas herramientas para desempeñar la función que pretenden
les sea conferida.
Pero
en contraparte nos topamos con las benevolencias de la ley, que bajo el
argumento de la democracia representativa, donde cualquiera puede ser electo,
no exige mayores requisitos y que
permite incluso que los pocos que se exigen como es el caso de la
residencia, sean torcidos. Así pues, pedimos poco y entregamos mucho.