Entre lo legal y lo deseable

Esta semana se desató el escándalo cuando se dio a conocer que el ahora Diputado Local, Alfonso Díaz de León, quien aspira a convertirse en diputado federal, no pudo acreditar sus "no antecedentes penales", pues muy oportunamente salió a la luz un proceso judicial, con todo y orden de aprehensión en su contra.

No sólo llama la atención que justo ahora se conozca esta información, también extraña que ésta situación no sea argumento para frenar sus aspiraciones a una diputación federal, pues la carta de no antecedentes penales no es un requisito para obtener un registro como candidato a una diputación federal.

Resulta increíble que en este país para conseguir cualquier empleo se requiera acreditar los no antecedentes penales y que para una gran responsabilidad, como lo es representar a los mexicanos en el Congreso de la Unión no sea considerado necesario.

El argumento legal es simple y está basado en defender los derechos políticos de los ciudadanos, su derecho pues, de ser votado. Sin embargo el sustento legal no le da la solvencia moral.

Y no me refiero sólo a este caso, que he tomado como botón de muestra, esta premisa aplica en varios de los casos que hoy tenemos en medio de la contienda electoral.

Los ciudadanos desearíamos encontrar en la lista de candidatos a los diferentes cargos de elección popular a personas honestas, comprometidas con San Luis, con trayectorias intachables, con honorabilidad probada, con proyectos de gobierno claros y con las mínimas herramientas para desempeñar la función que pretenden les sea conferida.

Pero en contraparte nos topamos con las benevolencias de la ley, que bajo el argumento de la democracia representativa, donde cualquiera puede ser electo, no exige mayores requisitos y que  permite incluso que los pocos que se exigen como es el caso de la residencia, sean torcidos. Así pues, pedimos poco y entregamos mucho.