En estos últimos días han surgido, desde los diferentes sectores,
propuestas diversas para tratar de combatir la corrupción.
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, al no lograr concretar la
fiscalía anticorrupción, terminó por revivir a la Secretaria de la Función
Pública y anunciar que ahora los funcionarios públicos no sólo deberán
presentar su declaración patrimonial, sino también una declaración de conflicto
de intereses. Sin embargo su anuncio no convenció ni a los representantes de
los medios de comunicación, que por supuesto, hace mucho que no le aplauden al
Presidente, ni al resto de los mexicanos.
La iniciativa privada pide más. El Consejo Coordinador Empresarial, de la
mano de las Cámaras Empresariales y órganos de representación del empresariado
mexicano proponen agregar a la declaración patrimonial, a la de conflicto de
intereses, la carátula que compruebe el pago respectivo de impuestos, a fin de
que se tenga certeza del cumplimiento de obligaciones.
En San Luis Potosí ha surgido una propuesta que respalda la anterior, pero
le suma una comprobación de ingresos anteriores al momento de asumir el cargo
en cuestión, para saber cuánto tenían y de donde salió.
Al final todas estas van de la mano, pero ninguna garantiza que se combata
de manera efectiva la corrupción. Pareciera que hoy tratamos de amarrarle las
manos a los funcionarios públicos desde antes de que se conviertan en tales.
Gastamos recursos públicos para vigilar a quienes vigilan a quienes ejercen el
dinero público.
Desde la Secretaria de la función Pública, pasando por las Contralorías,
contratamos funcionarios para vigilar a sus jefes y a sus compañeros, lo cual
resulta costoso y poco funcional.
No importa cuántos candados o policías se nombren, mientras sigamos
llevando a los bandidos a ocupar cargos públicos y estos sigan convidando a sus
secuaces a los cargos públicos, mientras los ciudadanos sigamos jugando el
juego, la corrupción no va a terminar.
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